Por Patricio Hernández Meza, Periodista y Analista TIRONI.
En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, la llamada «permisología» ha sido identificada como un obstáculo para la inversión en Chile por diversos sectores. La excesiva tramitación, la dispersión de permisos entre múltiples instituciones y la lentitud del aparato público se han señalado como barreras críticas para el desarrollo de proyectos. Esta preocupación también ha permeado al mundo político y la opinión pública, donde transversalmente distintas voces han reconocido el problema. A fines de 2024, el economista y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Raphael Bergoeing, dio cuenta que actualmente existen más de 50 instituciones públicas involucradas y 300 permisos distintos requeridos para concretar proyectos de inversión. Cifras que vienen a confirmar la complejidad y dispersión del sistema.
En este contexto, el Gobierno de Gabriel Boric impulsó el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocido como «ley de permisología», que busca optimizar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación en un 30% a 70%, según indicó el ministro de Economía, Nicolás Grau. Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, después de haber sido aprobado en particular por la Comisión de Economía. En términos simples, la ley busca agilizar la tramitación de permisos sin debilitar los estándares regulatorios vigentes. Para ello, propone la tramitación paralela de autorizaciones, permitiendo que los proyectos avancen simultáneamente en distintas etapas. También, el uso de declaraciones juradas y avisos para trámites de bajo riesgo, y la aplicación excepcional del silencio administrativo cuando se excedan los plazos establecidos.
Mónica Ríos Brehm, ingeniera y máster en Gestión Ambiental, señaló en su columna publicada en El Mercurio el 1 de mayo de este año que, entre 2020 y 2024, el SEIA recibió en promedio 720 proyectos anuales, de los cuales solo se aprobaron alrededor de 300, es decir, menos de la mitad de los ingresados. No obstante, es importante considerar que muchos de estos proyectos se desisten, se ingresan con errores o corresponden a iniciativas de bajo impacto que quedan fuera de la competencia del SEIA. Por ello, aunque la cifra es relevante, también refleja la diversidad de situaciones que explican la no aprobación de los proyectos evaluados por el sistema.
A pesar del acuerdo en torno a la necesidad de modernizar la tramitación, surgen dudas sobre si el origen de los retrasos es normativo o más bien estructural, ligado a la capacidad operativa del Estado. ¿Se está resolviendo el problema de fondo o se corre el riesgo de abrir flancos jurídicos o que pongan en riesgo el medioambiente?
Desde la oposición se ha señalado que entidades como el Servicio de Evaluación Ambiental y el Consejo de Monumentos Nacionales concentran una parte importante de los casos que han paralizado iniciativas, manifestando su preocupación por el uso, a su juicio, ideologizado de normativas ambientales y patrimoniales. Particularmente, cuestionan el peso que adquieren factores como hallazgos arqueológicos o reclamos territoriales, y plantean la necesidad de revisar cómo se integran estas consideraciones en los procesos de toma de decisiones públicas.
La CNEP también ha evidenciado en sus informes, que algunos casos tramitados por el Consejo de Monumentos Nacionales tardan hasta 300 días hábiles, muy por encima del plazo normativo de 60 días. A esto se suma una importante brecha en recursos humanos: solo 10 funcionarios deben procesar más de 1.000 solicitudes al año. En esa línea, el abogado constitucionalista Tomás Jordán, aseguró que «el problema de la permisología es más de gestión que de normas». A pesar de que considera que el proyecto de ley va en el camino correcto, advirtió que «las tramitaciones paralelas van a generar impugnaciones paralelas. Al abrir más instancias distintas, los mecanismos de reclamación se van a ejercer en cada uno de los niveles», afirmó. Esto podría multiplicar los conflictos legales en lugar de resolverlos, por lo que cabe plantearse si el diseño legal debiera considerar instancias únicas de reclamación.
Otra arista que reflota tiene relación con la inclusión de las comunidades en los procesos. Organizaciones ambientalistas han levantado inquietudes respecto de que este cambio normativo se traduzca en mayor flexibilidad para el otorgamiento de permisos, yendo en perjuicio del medio ambiente. Así lo sostuvo la Asamblea Ecologista de Chile el 22 de abril, que junto a otras 200 organizaciones territoriales y ambientales, entregaron una carta en La Moneda solicitando el retiro de los proyectos de permisos sectoriales y la reforma al reglamento del SEIA. En ese sentido, Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA, en una entrevista con CIPER, puso énfasis en que el proyecto de ley no contempla mejoras en los espacios de participación de la ciudadanía ni tampoco en términos de participación indígena.
Tomando en consideración las distintas visiones, es válido preguntarse ¿basta con que el Estado acelere sus procedimientos internos? ¿Qué pasa con la incorporación de las comunidades en las etapas tempranas de los proyectos? La inversión es clave, pero igual de importante es garantizar la sostenibilidad de las localidades y territorios donde operan los proyectos. En ese sentido el desafío no es simplemente reducir trámites, sino mejorarlos y hacerlos más eficientes, sin crear nuevas vulnerabilidades ni trabas adicionales.
Por ello, es vital avanzar con sensatez en la construcción de una ley, buscando apoyo transversal que atienda las necesidades del Estado, de las empresas y de las comunidades. Se debe cuidar la precisión legal del texto para no abrir riesgos jurídicos innecesarios y, por sobre todo, resguardar el espíritu de la iniciativa: permitir el desarrollo de Chile de manera moderna, segura y con mirada a futuro.
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